Periodismo al límite

 

Por Jaime Pérez Mendoza

“…Desnúdese de su esplendor a los palenques de gallos y a las plazas de toros de Madrid, añádase un Montecarlo de segunda clase, y se tendrá una fotografía instantánea de Ciudad Juárez… que ahora es llamada la Ciudad más perversa de América. Quizá no es la más perversa, sino la más obviamente perversa… En Juárez viven unos cuantos criminales famosos, pero también se aloja un enjambre de estafadores, falsificadores y pillos de baja estofa. Además de una rara colección de drogadictos y borrachos, en Juárez abundan los soldados ociosos…”

(Texto del periódico Boston Herald en 1915, citado por el historiador Oscar J. Martínez en su obra Ciudad Juárez, el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848. FCE, México, 1982)

El visitante bostoniano que recogió sus experiencias para el periódico norteamericano contiene conclusiones proféticas.  Ahora hay otro tipo de reportajes y editoriales sobre lo que ocurre en la ciudad fronteriza.

Es la historia de todos los días. Escojo un ejemplo lastimero. Nota divulgada por el Staff  de EL DIARIO. Edición digital del sábado 25 de septiembre de 2010:  ”Una niña de cinco años de edad llamada Aylin, fue localizada muerta de varios impactos de bala en la cabeza. El hallazgo ocurrió esta mañana en la calle Chuvíscar, de la cuarta etapa de la colonia Riberas del Bravo, en una casa habitación marcada con el número 583″.

LA COBERTURA

Desde comienzos del 2006 empezaron a aparecer en paredes, cartulinas, puentes y -pintados sobre cadáveres de personas ejecutadas por el crimen organizado- los llamados narcomensajes , y las narcomantas. Pero los grupos criminales no se conformaron con esa estrategia. Fueron más allá. Las calles de Ciudad Juárez y Chihuahua, la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc han sido escenarios de horror: jóvenes salvajemente torturados, ejecutados y colgados en cercos de alambres de púas.

Las noticias del narco acaparan los principales espacios. Ejecuciones, masacres, ataques a las fuerzas federales con bombas, detención de pequeños y medianos indiciados que pasan pocas horas en la cárcel, liberados después en medio de escándalos mediáticos.

La cobertura del narco ha tenido efectos desoladores: secuestros y asesinatos de periodistas. Ejecuciones de alcaldes. La muerte de muchos inocentes. Y los medios, que habían mantenido una postura distante del problema, comienzan a despertar: los datos de la violencia en contra de los periodistas en México son preocupantes:  De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comunicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, zonas críticas disputadas por los cárteles del narcotráfico.

Pero en la cobertura sobre el narco, los medios son superados. Tras largos años de silencio y de enfoques -más o menos objetivos- sobre el problema, arribamos a la etapa de la barbarie, cuando los códigos no escritos de las mafias rompen los esquemas de gobernabilidad.

Los ejemplos abundan: La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua tenía  abiertas -en el sexenio estatal anterior- tres líneas de investigación por el asesinato de Luis Carlos Santiago Orozco, fotógrafo de El Diario, de Ciudad Juárez, ocurrido el 16 de septiembre de 2010 en el estacionamiento de un centro comercial de la urbe fronteriza.

Apoyado en la investigación “científica” de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, en conferencia de prensa en Los Pinos, el vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, le lavó las manos al gobierno federal:  “Es oportuno recordar que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua ha señalado en declaraciones públicas que hasta el momento el móvil más probable de esta agresión en particular es de índole personal y no por sus actividades profesionales”.

Palabras que fueron el detonador de la pregunta del editorial de EL DIARIO  de Juárez en su edición del domingo 19 de septiembre de 2010: ¿Qué quieren de nosotros?

Más allá de la lectura literal o del discernimiento entre líneas del polémico documento periodístico, lo cierto es que dicho medio nombra como autoridades de facto a los integrantes de las organizaciones criminales para clamar: “Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos (se dirigen a los cárteles de la droga), por tanto, qué esperan de nosotros como medio…”

Ir hasta el límite. Tal parece ser una de las directrices en algunos medio de comunicación en México. La intrepidez de algunos ha provocado lo que la historia en el futuro quizás consigne como la era de los periodistas mártires e inocentes.  ¿Qué historia se está escribiendo ahora en el mundo de la malignidad?

A cuatro años de la elaboración del programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, el gobierno comenzó a hacer el recuento de los daños: de enero de 2006 a julio de 2010 se han registrado más de 25 mil muertos, según información divulgada por el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, en una rueda de prensa efectuada el  16 de julio de 2010.

En dos meses, la cifra se disparó dramáticamente: Hasta septiembre de 2010 se reportan cerca de 30,000 asesinatos ocasionadas por la guerra contra el narco, de los cuales un número importante corresponde a los crímenes cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. La estadística incluye —además de las bajas de los cuerpos armados federales y de las bandas de narcotraficantes— a civiles sin nexos con el narcotráfico, jóvenes, niños y periodistas, según el resumen de los sucesos violentos de medios nacionales y regionales de nuestro país, divulgado por las principales agencias noticiosas del mundo. El 2011, los medios divulgan la cifra:  34 mil muertos en el territorio nacional, el lamentable y aterrador saldo de la atroz guerra oficial contra el crimen organizado.

En ese contexto, comienza a surgir una gran discusión entre propietarios y trabajadores de los medios de comunicación: ¿cuál debe ser la actitud de los medios masivos de comunicación ante el ambiente de violencia, injusticia e impunidad?

Independientemente de las interpretaciones sobre la cultura de la información y uno de sus aspectos fundamentales, relacionado con la forma en que los medios procesan los datos sobre la realidad, este debate gira alrededor de preguntas cruciales.  Y en esa polémica  -con las excepciones de rigor-  sin sustento deontológico alguno, las grandes interrogantes en las mesas de redacción son:  ¿deben o no deben ser divulgados  los nombres de los principales operadores del crimen organizado?  ¿Qué ganamos con la acción de publicar la foto cuando los grupos criminales llegan al límite de degollar a un muerto y arrojar su cabeza como si se tratara de la publicidad de una mercancía de supermercado?

PLATA O PLOMO

No pocos periodistas y escritores se han ocupado de los medios y la violencia. La constante en los análisis es que, en su gran mayoría, no hay perspicacia alrededor del ambiente de inestabilidad social que provoca la barbarie del crimen organizado. Se registra, eso sí, lo que es ya un gran recuento de los daños. Declaraciones oficiales y escasa investigación de campo, en el ámbito periodístico, bajo el  utilitarista apotegma de “plata o plomo”, manido recurso quienes justifican el amarillismo y el papel de los medios como interlocutores eficaces de los mensajes que a diario envía el crimen organizado a través de ejecuciones, mantas o mensajes encriptados,  propiciatorios de un ambiente de miedo social y muerte cívica.

Cuando un capo ordena la colocación de una manta con mensajes cuyos destinatarios son sus enemigos y la sociedad en su conjunto, cuando aparecen cabezas de cadáveres en los toldos de vehículos automotores, cuando asesinan a niñas de 6 años con balazos en la cabeza o a mujeres embarazadas o a minusválidos; cuando matan a policías o mueren ejecutados periodistas y fotógrafos, estamos ante un ambiente de grandes preguntas, por desgracia aún sin respuestas claras y contundentes.

 

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Artículo publicado por el semanario DIA SIETE, edición 538